Condenas y demandas por enriquecimiento ilícito golpean finanzas de 12 exfuncionarios corruptos de El Salvador

Entre los siete exservidores públicos condenados deben devolver al Estado $1,862,585.48, que fue el monto de incremento patrimonial no justificado que tuvieron. Entre otros cinco exfuncionarios que esperan la última audiencia, la Fiscalía pretende recuperar $1,203,949.99.

En siete demandas por enriquecimiento que llegaron a la etapa final del juicio civil en el 2023, la Fiscalía General de la República logró probar a diversas cámaras, que exfuncionarios de ARENA y el FMLN tuvieron un incremento patrimonial no justificado.

Mientras fungieron como funcionarios públicos sus ingresos fueron superiores a lo que percibían de salarios, gastaban más de lo que ganaban y llevaron una vida de lujos con dinero obtenido ilícitamente, así quedó establecido en las audiencias probatorias.

La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía promovió los casos por decisiones dictadas en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) luego que los magistrados recibieron anteproyectos elaborados por la Sección de Probidad.

Fueron sometidas a examen las declaraciones juradas de José Atilio Benítez, exministro de Defensa; Benito Lara, exdiputado y exministro de Justicia y Seguridad; David Munguía Payés, exministro de la Defensa y Eduardo Linares, exdirector del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE).

A los exservidores públicos, la Sección de Probidad acreditó que tuvieron un incremento patrimonial no justificado que no pudieron desvanecer con la documentación que se les requirió.

A la lista de condenas por enriquecimiento ilícito durante el 2023 se suma Douglas Avilés, quien fungió como diputado suplente entre el período del 1 de mayo del 2009 al 30 de abril del 2012; y como diputado propietario del 1 de mayo del 2012 al 30 de abril del 2015 por el Grupo Parlamentario Cambio Democrático.

La exviceministra de Comercio e Industria en el gobierno de Elías Antonio Saca, Blanca Jaco y el diputado de ARENA, Alberto Romero, también fueron encontrados responsables de enriquecerse de forma indebida.



Al existir suficientes indicios de un lucro ilegal la CSJ envió los expedientes de cada uno de ellos a cámaras de lo civil para que se les aplicara la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos que establece un régimen sancionatorio de multas para que devuelvan al Estado los fondos obtenidos de forma indebida.

A los cuatro exfuncionarios corruptos los enjuiciaron y condenaron según lo establecen los artículos 20 y 21 de la ley especial. Como responsables de enriquecimiento ilícito sin causa justa fueron sancionados a restituir al Estado el dinero apropiado indebidamente, al mismo tiempo los inhabilitaron para ejercer un cargo público por un plazo de 10 años.

En sede judicial están pendientes cinco demandas por enriquecimiento ilícito iniciadas en el 2023 por la Unidad Anticorrupción, se trata de cinco exfuncionarios de los gobiernos de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén.

Entre los cinco casos, la Fiscalía General de la República pretende recuperar a favor del Estado $1,203,949.99, monto de incremento patrimonial no justificado, la cantidad podría aumentar con las pericias ordenadas. Los procesos se definirán en las audiencias probatorias durante el 2024.